Cuidado con los productos chinos.
El Gobierno chino condena a muerte a un ex ministro en medio de escándalos farmacéuticos. El ex responsable de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos china Zheng Xiaoyu fue condenado hoy a la pena capital por aceptar sobornos y negligencia, en un castigo ejemplar tras escándalos farmacéuticos en China que han afectado al resto del mundo. Tiene 63 años y su antiguo cargo es equiparable al de un ministro, y podrá apelar en el plazo de 10 días para reducir la pena de muerte que, en cualquier caso, deberá ser ratificada por el Tribunal Supremo después de la nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero. Según informó hoy la agencia oficial Xinhua, el Tribunal Municipal Intermedio Popular número 1 de Pekín emitió la condena en primera instancia tras hallar culpable a Zheng de haber aceptado sobornos por un valor total de... (sigue) 832.000 dólares, 616.000 euros (incluidos regalos) y por incumplimiento del deber. La pena de muerte corresponde a los sobornos, por negligencia la condena será de siete años de prisión, y además el ex ministro será privado de todas sus propiedades personales y de sus derechos políticos de por vida.
El condenado fue responsable de la citada administración entre 1998 y 2005, y fue expulsado del Partido Comunista de China (PCCh, en el poder desde 1949) a principios de este año tras descubrir que había aceptado sobornos por parte de firmas farmacéuticas. Se trata de la primera vez en siete años que un funcionario de su nivel es condenado a muerte, ya que los últimos castigos ejemplares en este sentido se saldaron con la ejecución de Hu Changqing, vicegobernador de la provincia de Jiangxi, y de Chen Jekie, vicepresidente del Legislativo, en 2002, por aceptar sobornos. Según informes previos del 'Diario del Pueblo', medio portavoz del PCCh, en el caso de Zheng están implicados su hijo y su esposa, con empresas tapadera que traficaban con licencias farmacéuticas concedidas a productores sin estándares a cambio de estos sobornos. El hijo, Zheng Hairong, que trabajaba para la empresa estatal China Drugs Group, era también el responsable de una firma inexistente, Shanghai Yizheng, que obtenía y vendía licencias para medicamentos y equipos médicos. La esposa del condenado, Liu Naixue, que trabajaba para una empresa de tecnología biológica en Pekín, estaba también implicada en este tráfico ilegal de licencias cuyo efecto más inmediato ha sido la muerte de diez personas en China a las que se les inyectó un medicamento tóxico. Los familiares de estas diez víctimas en la ciudad meridional china de Cantón (capital provincial) denunciaron al hospital que los atendió, el Hospital Universitario número 3 de Zhongshan, y exigen una compensación de 2,6 millones de dólares, 2 millones de euros. Estas falsas inyecciones de Armillarisni A fueron sintetizadas por la compañía Qiqihar No. 2 Pharmaceutical Co. Limited, y todo indica que podrían contener dietileneglycol, un anticongelante utilizado en líquido para frenos. Un total de 1.248 empleados sanitarios fueron sancionados por corrupción, tráfico de medicamentos y cobro de gastos médicos ilegales en 2005, según los datos más recientes del Ministerio de Salud. Hasta aquí, los escándalos de corrupción por medicamentos y alimentos contaminados quedaron dentro de las fronteras de China, pero en las últimas semanas y debido al creciente comercio del gigante asiático con el resto del mundo, uno de estos productos tóxicos llegó a Panamá. En este caso se trataba de un jarabe para la tos que también contenía dietileneglycol y que hasta esta semana ha causado la muerte de 101 personas en Panamá, después de ser importado por una empresa intermediaria española y producido por una china sin licencia para fármacos. El mismo componente ha sido hallado en una pasta dentífrica china, 'Mr. Cool', que se vendió además de en Panamá, en República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y Australia. Las dimensiones del problema son tales que Washington ha prohibido la importación de esta pasta dental, en un caso que sonroja al ejecutivo comunista en plena tensión comercial con EEUU. La condena de Zheng es en este sentido ejemplar, y coincide con el anuncio de la implantación de un sistema de retirada de productos para consumo humano y de la aplicación de unos estándares internacionales en su producción, por parte de la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena.